La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año, ya empieza a dibujar levemente el escenario futuro. Aun siendo baja la tasa de paro (se ha cerrado en un 8,03 por ciento), ésta ya supera la que el gobierno mantiene como objetivo cuando finalice el año. Según el ejecutivo deberá ser inferior al 8 por ciento. Sin alarmarnos todavía, que ya tendremos tiempo, debemos poner en cuarentena la lectura sesgada que de los datos hace el gobierno y prensa adscrita.

La creación de empleo ha bajado a tasas desconocidas desde hace una década. Ya solo se crean 143.000 puestos de trabajo en un trimestre. Ni la campaña de verano, tradicionalmente favorable, ha conseguido reducir la caída. Los que esperan que los números no se tornen en nubarrones, continúan con el empeño de situar en lo coyuntural una tendencia claramente identificable hace más de medio año.

La cifra de paro ya roza el 1,8 millones de personas y los tecnócratas ministeriales insisten en que signo de una leve y pausada desaceleración. Nada dicen de las pesimistas previsiones, pendientes de continuas revisiones, de una economía que cada vez tiene mayores dificultades para crecer. La ralentización económica que nace con el parón inmobiliario parece no preocupar al gobierno, y lo que es peor, a la oposición tampoco. La lógica de causa-efecto entre liquidación por exceso de existencias de un sector como el de la construcción y el paro resultante se traduce ya en un consumo moderado al que solo le faltaba el crédito encarecido. El gobierno se niega a aceptar la relación entre todos estos factores. Probablemente el hecho que las elecciones estén tras la esquina no ayuda y como suelen hacer los gestores públicos habitualmente, reaccionarán a toro pasado. El resultante es una falta de medidas preventivas que pudieran suavizar, o hacer más llevadero, el ingreso en la UCI.