Para los que se mantienen informados por los mecanismos tradicionales la noticia del día es la rinoplastia de alguna famosa, para los que utilizan los medios digitales lo más destacado es que la crisis ha tocado punto y final, para los económicos que el Ibex va y viene y, en ese territorio de libertad y crítica llamada blogosfera, la cosa que ocupa más espacio es el asunto del manifiesto y su cortina de humo. En resumen, que seguimos lejos del debate real y cada vez quedan menos dispuestos a no pasar por el aro. La noticia que ayer saltaba por los aires y que referenciaba el primer susto importante que se le da a la credibilidad de la deuda pública española pasó sin pena ni gloria. Afecto a la bolsa lo justo y a otra cosa mariposa. Ese es el miserable problema de este embrollo. Pase lo que pase aquí no pasa nada.
Si se finiquita la opción de deuda o ésta es mucho más cara como parece que así será, se acaban el cheque en blanco para subsidios y matapenas. Por ejemplo, se irán retirando las prestaciones esas de la indigencia subvencionada que oscilan entre los 386 y 712 euros y que se conceden entre seis y doce meses. El número real de parados en España ya supera los 5 millones de personas, pero lo peor está por llegar. La orden encubierta del gobierno central a fin de poder garantizar la “paz social” ha sido la de suministrar somníferos sociales a todas las comunidades autónomas garantizando el soporte a cualquier plan diseñado para permitir un peligroso escenario de ayudas económicas de protección social a los parados que hayan finalizado el periodo de cobro por desempleo.

Lo han hecho con el “Salario Social”, la “Renta Mínima de Inserción”, la “Renta de Integración Social”, las “Ayudas de Inclusión Social” y la “Renta Básica Asignada”. En general se obtienen por diversos mecanismos y tienen que ver con aspectos aritméticos confeccionados a partir de las unidades familiares. Lo grave es que esas ayudas tienen cláusulas que prevén el derecho a la continuidad de la percepción en periodos sucesivos de seis meses, mientras persistan las circunstancias que motivaron su concesión. Es decir, el gobierno y sus derivados autonómicos no tienen claro cuando vamos a salir de esta y consideran que, a mejor propuesta, seguirán pagando una cuota insultante a colectivos que no serán ocupados en nada probablemente nunca más. Hay personas de más de 50 años que ya no volverán a trabajar jamás. De su “ayuda social” pasarán a la jubilación en precario y mínimo que resulta de un cociente perverso obtenido de los últimos quince años “cotizados”.

Y es que en España el problema es estructural. Pongamos cifras obtenidas del propio Instituto Nacional de Estadística. En España trabajan 18.872.932 personas de un total de 46.661.950 habitantes. De esos trabajadores 3.029.511 son funcionarios públicos. De los 15.843.421, 2.923.988 perciben su salario por trabajos vinculados en exclusiva con las administraciones públicas. Es decir de los 18.872.932, sólo 12.919.433 pueden abstraerse de las ayudas públicas y de sus cuentas. No puedo incorporar en este resultado aquel asalariado y autónomo que depende de contratos públicos mixtos, lo que aun empeoraría la estadística.

En España hay 15.449.210 jubilados o ciudadanos no activos, 4.123.300 parados según el INEM y 8.219.450 estudiantes. En total, y haciendo la demagogia justa, podemos decir que hay 12.919.433 de trabajadores que aportan todo lo que precisan 46.661.950 en términos de presupuesto público. Obviamente no es un análisis al milímetro pero que si se mira de modo objetivo demuestra lo que si es cierto: parece difícil de soportar este otro déficit, el déficit socioeconómico, pues esos 12 millones son los encargados de establecer los cambios estructurales para modificar el modelo de crecimiento de este país y no parece que se pueda hacer cuando la preocupación máxima será lograr que esos paguen lo que necesitan los otros para subsistir. Queda poco margen para las aventuras.

Ahora bien, mientras nadie ponga coto a nuestra fábrica de dependientes de la cosa pública, esto no va a mejorar. Hace unas semanas en una charla que di en Sevilla ante centenares de universitarios cuestioné quienes de todos ellos pensaban ser emprendedores o montar un negocio en los próximos cinco años. La respuesta fue siniestra: sólo levantaron la mano dos jóvenes. Luego pregunté cuantos querían ser funcionarios y la respuesta fue masiva. Un grupo importante no levantó la mano. No se que es peor.