Como sabéis colaboro con varios medios económicos. Este mes he iniciado una nueva en Euribor. Cada primer lunes de mes intentaré analizar de modo técnico algunos aspectos de la economía y de los mercados. Hoy os copio aquí el primero de este año pues ha generado más de 200 comentarios y seguirlo allí sería dificil. En este primero intento descifrar la metodología del gobierno para manipular algunos datos económicos, en este caso hablo de como lo hace con el déficit y con la deuda pública. Espero que os parezca didáctico. Leedlo a continuación.

Hay quien certifica oficialmente que la deuda pública francesa es muy superior a la española. Al parecer la gala se situó en el 75,8% del PIB y en España no se supera el 66%. A partir de ahí se desencadena la locura. En plena euforia, el Secretario de Estado español en materia de hacienda aseguró que, de momento, el déficit de nuestro país no alcanza el 7%. Pues si lo primero es un cuento para niños malos, lo segundo es una broma de mal gusto. Vayamos por partes y analicemos cómo se puede maquillar hasta la mona más fea.

Primero debemos asumir que el concepto déficit es muy restrictivo y no responde a la diferencia exacta entre gastos e ingresos del Estado. Hay muchísimos consumos públicos que no van a déficit sino a deuda. Algo que no pasa en Francia por ejemplo y que permite entender como en un mismo espacio económico europeo hay diferentes agentes de análisis que no ayudan mucho a comparar adecuadamente las cifras. Por eso debemos entrar de lleno en este modelo que ofrece una gran complejidad para establecer el gasto total del Estado. Eso es algo imprescindible a fin de establecer con exactitud cual es la verdadera diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa. De momento sólo podemos guiarnos por los datos publicados el 24 de noviembre sobre la deuda contraída hasta la fecha por el conjunto de las administraciones públicas. Sabemos que hasta esa fecha el endeudamiento neto ya ascendía a casi 110.000 millones de euros, a los que se deberán sumar los de diciembre para tener un dato anual cercano a la realidad. Teniendo en cuenta que en el último tramo del año el Estado es cuando más gasta y menos ingresa, el cómputo neto final de deuda adquirida rondará los 130.000 millones, ligeramente superior al 13% aproximadamente.

Pero aun hay más. Si el tema se quedara en esto, aunque grave, no sería nada irremediable, no estaríamos en un espacio de no retorno. El problema se torna muy feo cuando aplicamos otros elementos que son determinantes. Las casi 5000 empresas públicas municipales y autonómicas, donde el déficit se esconde sin pudor, representan un agujero negro en la contabilidad del Estado. En este punto exacto suelo recibir acusaciones de no comparar interesadamente nuestro déficit o deuda con la de otros países de nuestro entorno. A veces hay quien asegura que estamos mucho mejor que potencias como Francia o Alemania en ese tema.

No es cierto que estemos mejor. Para saber el grado exacto de deterioro debemos atender a un factor que no se repite en esos países. Las empresas públicas que se montan para acometer obras y gastos que no pueden asumir por el tope de endeudamiento permitido por la ley, representan un incierto destino de las obligaciones totales. Como detalle decir, además, que la mayoría de esas empresas públicas no lo son formalmente pues están compuestas por 3 o más organismos diferentes y ninguno de ellos poseen más del 50% de las mismas, lo que las convierte en híbridos públicos no sujetos al control de auditorias automáticas.

¿Por qué son un boquete contable esas empresas? Muy fácil. Los ayuntamientos tienen un tope de deuda de riesgo. Si necesitan más dinero (años electorales) en forma de más crédito montan una empresa de estas y adquieren la deuda a partir de esa plataforma de nuevo cuño. Como sólo requieren una carta de intenciones de que la administración en cuestión piensa apoyar a la empresa la obtención es sencilla. Apoyándose en la ejecución de presupuestos el banco tiene suficiente. No se precisan avales la mayoría de las veces.

Sabemos que la deuda es mucho mayor de lo que parece. El control que se puede ejercer sobre esas empresas públicas se diluye en la infinidad de mecanismos derivados que los soportan al no ser organismos estructuralmente simples. Intuimos que el déficit es mucho mayor. Sospechamos que la deuda total es mucho más grande por un detalle que no se nos puede escapar. En la deuda pública no entran las obligaciones comerciales, es decir, las facturas que debieran afectar esa deuda, no están en el balance contable del debe a cuenta. Tampoco están las obras públicas puesto que sólo se certifica que ya se han hecho poco más. Como estos no son documentos financieros, la deuda no aumenta. Documentos financieros son los bonos, los créditos sindicados y las disposiciones presupuestarias aplicadas.

Otro detalle que complica más la credibilidad del modelo de ajuste de la deuda en España está  ubicado en los tiempos de cobro. Aquí se está pagando mucho más tarde las facturas que en otros países. En la administración española muchas facturas permanecen meses en una especie de limbo financiero pues no se declaran como pendientes de pago. Se almacenan en cajones y oficialmente se retrasa la incorporación en la deuda que el interventor puede interpretar. En ese elemento de pago pendiente está la trampa. Mientras que en Francia, por ejemplo, el período de pago público no supera los 24 días en casi ningún caso, aquí la media de cobro en la administración local ya supera los 180 días. Son obligaciones de deuda que se borran del sistema mientras no se incorporan a los resúmenes de remesas a pagos. Es incalculable la cantidad de déficit que puede estar oculto en ese territorio perverso. Lo sabremos durante este año 2010 y durante el que viene cuando las arterias del sistema público sufran colapsos en el pago generalizados.

Con respecto a la metodología del análisis, habitualmente se niega que el gasto público esté desbocado y que se esconda algo en las cifras publicadas puesto que, aseguran las fuentes oficiales, el gasto público asignado a endeudamiento creciente acaba en el capítulo 6 del presupuesto. Eso no sólo no es cierto, es imposible. El modelo de aplicación sobre el presupuesto en materia de deuda, si ésta es inversión puede acabar en ese capítulo, pero en este caso no es así puesto que el Plan E y los paquetes de estímulo que han disparado el déficit no se han dispuesto como inversión. Si se revisa adecuadamente la Ley de Presupuestos de 2009 e incluso la de 2010 se puede identificar que esa inversión no aparece como tal y no se identifica como estructura de déficit ya que no se asigna sobre gasto pendiente sino sobre otras partidas finalistas por designar en cada administración derivada.

No niego que las cosas puedan mejorar algo este año pero si las tasas ofrecidas por los editores públicos siguen manipulando la realidad de este modo la credibilidad de esa bonanza venidera es mínima. De momento, por si acaso, cuando nos merendemos según que cifras, hagámoslo con cuidado, pueden estar envenenadas en el mejor de los casos. 

¡Ah! Se me   olvidaba, Merry Crisis and a Happy New Fear!!