La mala idea de una tasa tecnológica para pagar las pensiones.
No dan una. Llevan tiempo dando tumbos a medida que la calle les exige una u otra cosa. Sea del signo que sea, el político medio español se rige por lo que se grita en las calles. A veces eso puede ser bueno, en otras puede obligar a tomar decisiones que seguro no hay por dónde cogerlas. Y como hay que subir las pensiones para silenciar a un grupo importante de votantes, anestesiarlos con el cloroformo de las subidas en tiempo real, ya tenemos otro lío absurdo sobre la mesa que no se aguanta ni con cinta aislante.
Hace unos días el ministerio de todos, el de hacienda, propuso pagar parte de las pensiones a partir de un impuesto nuevo a las grandes tecnológicas. Cabe decir que no es nada original, esa propuesta ya la tienen algunos países europeos en marcha. Si esta es la gran idea de cómo garantizar la subida de pensiones cada año en base a la indexación con el IPC, la cosa pinta mal. Compren butacas en primera fila para la rueda de prensa en la que se nos comunique que ‘no ha salido como esperábamos’ y además ‘no sabemos por qué no creamos empleo’. Esto último muy vinculado a que en cuanto se resfríe la economía ibérica vamos a pasarlas duras al no tener un modelo económico estructuralmente no cíclico y dependiente de servicios de escaso valor.
En este caso, el Ministerio de Economía español asegura que tiene prisa en poner en marcha un impuesto a las grandes empresas digitales que tenga efecto en 2019 y, de este modo, esta tasa ayude a financiar las pensiones desde ya mismo. La idea es retorcida. Busco el dinero que soy incapaz de obtener por mecanismos estructurales, se lo calzo a empresas a las que poco o nada les afectará, que a nadie molesta que se les exija más y pinto de color pastel la subida miserable del año que viene. De este modo nadie podrá decir que no ha habido subida aunque escasa y nadie podrá quejarse que esa subida venga de un impuesto que sólo afecta a multinacionales que ‘ya ganan suficiente’ y son el demonio.
Todo esto es de un maniqueísmo que asusta. Demuestra que estamos en manos de malabaristas del dato y, no nos engañemos, que los que pretenden sustituirles se diferencian sólo en el número a representar en la pista central. La cosa es que en Europa van del mismo palo. Excepto, claro está, alguna honrosa excepción como Irlanda, Holanda, Bélgica, Luxemburgo o Austria
La propuesta es la siguiente: imponer un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 7 millones de euros, cuenten con más de 100.000 usuarios o con más de 3.000 contratos en un Estado miembro. Algo mucho más amplio que lo que se contemplaba hasta ahora que suponía tasar a empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE. De momento, no obstante, la ventaja que supone que Europa sea una especie de dinosaurio viejuno con una falta de agilidad imponente, permite que la cosa vaya para largo.
Y en eso que España quiere liderar el pelotón. Cuando se trata de proponer impuestos que serán avalados tarde o temprano por Europa quién no se apuntaría. El Gobierno español prevé introducir este tipo de tasa incluso antes de que haya acuerdo a nivel europeo como ya hicieron en el Reino Unido, Italia, Francia o Alemania. Cabe destacar que, excepto Italia, el resto de países compensan de manera importante esa carga con múltiples aspectos de estímulo de la economía tecnológica y que esas tasas suelen ir dirigidas no a pagar pensiones sino a dinamizar la transición del modelo de crecimiento del país. En Francia, parte de esa tasa paga el presupuesto destinado a la modernización industrial del país. De hecho sirve para que Francia destine 23 veces más que España a la Industria 4.0 y no a lastrar la economía. En Alemania tres cuartos de lo mismo y en Reino Unido la 'tasa-tech' no es comparable a esto.
Aquí lo venderán como que España se suma al grupo de principales países que ya tiene estas nuevas figuras. Se dirá que en el contexto del debate que están teniendo, incorporar a nuestra legislación nacional figuras como esta de la tasa tecnológica para pagar pensiones, es una gran idea. De verdad que asusta el grado de simpleza y el cómo nos deben ver para trasladar esas decisiones al arco informativo. Tengo la sensación de que en España habrá dos tasas al final. La propia, esta que ahora quieren imponer, y luego la europea. Al tiempo.
Pero si todo esto ya tiene un punto trágico, lo bueno viene con los cálculos. El ministro de Hacienda dijo que esta ‘nueva fiscalidad’ se llevará al Pacto de Toledo y ayudará a financiar la subida de las pensiones que tendrá un coste de 1.500 millones de euros para 2018 y 1.800 millones para 2019. Siempre y cuando España crezca por encima del 2,2 y el déficit actual no se incremente. Técnicamente me cuesta verlo. ¿Cómo piensan abordar los criterios para distribuir los beneficios de cada multinacional en cada país miembro como la horquilla en la que se permitirá establecer el recargo en el Impuesto sobre Sociedades nacional? Los propios técnicos de Hacienda dicen que 'tras todo este ruido y griterío solo se recaudarían como mucho 500 millones, muy lejos de los 1.600 que se necesitan para abordar la subida del año que viene'. No les va a salir y este modelo evidenciará lo complicado de indexar las pensiones al IPC. Ya verán.
En Irlanda se frotan las manos. Con lo fácil que es entender que una presión fiscal menor incentiva la inversión, la contratación, los beneficios que se pueden revertir en los trabajadores. En Irlanda el salario mínimo supera los 1.600 euros y las prestaciones sociales en la jubilación tienen múltiples fórmulas para que sean dignas. El coste de todo ello no se sujeta en la empresa sino en los ciudadanos que tienen una presión fiscal más alta que las empresas precisamente para no dañar las opciones de crecimiento del país vinculado a esa productividad y competitividad.
En pleno análisis de cómo debe ser nuestro modelo económico y cuál la estructura de crecimiento de un país como España, nos salen con esta. Es obvio que las grandes multinacionales no son las que sujetan ese cambio de modelo económico y no son el estandarte de una sociedad del conocimiento en cada país. Cierto, pero si son mecanismos de dinamización y modernidad de una economía. Así ha pasado en múltiples lugares del mundo. Estados Unidos, Singapore, Irlanda, Alemania, Suecia, etc. Imponer una tasa como esta no es grave en si misma pero si es un síntoma de cómo se entiende a este tipo de empresas y el modelo que representan. No se les da la importancia que tienen ni se ve el papel que juegan en una transición como la actual.
Los países que apuestan por el cambio de cultura económica no penalizan la tecnología ni sus motores. Los que están pensando en recaudar para acallar voces en la calle sí. Luego nos sorprendemos porque no nacen, crecen o se desarrollan grandes tecnológicas nacidas en Europa o, incluso, en España. Detrás de esta anécdota en forma de tasa se esconde una manera de pensar, de ver en la tecnología un asunto menor o paralelo en lugar de identificar el mecanismo de cambio que nuestra sociedad exige. Penalizar no ayudará y alejará el progreso que se le supone a la futura sociedad del conocimiento.
Seguramente la jubilación se parecerá mucho a la renta básica universal y ésta será abonada por un ejército de automatismos, 'softwares' y robots que trabajarán eficientemente para que eso suceda en gran medida. El problema es que eso no sucederá en todas partes ni del mismo modo. Los que penalicen el tránsito a ese lugar tasando las empresas que lideran los cambios socioeconómicos tardarán más o no llegarán. Los que premien, estimulen o faciliten que ese tipo de modelos económicos se puedan desarrollar adecuadamente, sí tendrán ese equilibrio entre sociedades envejecidas y pensiones tecnológicas.
