OBRA PUBLICA INEFICIENTE

Los planteamientos de la izquierda económica en épocas de crisis suele ser la de aplicar gasto público como palanca y vincularlo a obras de infraestructuras. De las medidas que se pueden adoptar esa es una y suele dar resultado. El problema es que no suelen ser acciones de respuesta inmediata pues precisan de estrategia a medio plazo. Por esto sabemos que es preciso para que su uso sea efectivo, que la crisis se prevea con tiempo, se asuma y se adopten planes de inversión con mucha antelación. En nuestro caso eso no ha sucedido y ahora las políticas aplicadas a la salida keynesiana típica queda lejos de las capacidades de acción del gobierno de Zapatero.

El último informe de la Seopan de los constructores advierte que la licitación de obra pública de Estado ha caído un 70% en un año. Obviamente esa reducción no se contraresta con el PlanE y el catálogo de obras menores en el ámbito municipal que se ha ventilado 8000 millones de euros. El empequeñecimiento de la inversión en infraestructuras denota que el gobierno no asumió nunca el tamaño de la crisis. No pensaron que la caída de ingresos del Estado se reducirían una cuarta parte mientras que el gasto se debería de incrementar en costes de todo tipo vinculados al paro y a los programas de acción paliativa. Por todo ello el déficit está fuera de control. Se empieza a aceptar que rozaremos el 10% o incluso más. 

La primera consecuencia es que el Estado ya no tiene fondos para ejecutar obras públicas. Las elecciones europeas pasarán sin pena ni gloria y tras ellas la realidad irá tomando forma. Se alejarán los focos y se nos aparecerán las sombras. Los ejercicios malabares del ministro de Fomento dejarán de parecer planes de desarrollo ambicioso y se toparán con la imposibilidad de ejecutar con partidas de presupuestos en curso ninguna obra relevante.

Blanco ha optado por solicitar la participación del sector privado en ese modelo keynesiano además de adelantar obras indicadas para ejercicios presupuestarios futuros, pero la verdad pesa como el plomo y se muestra obtusa. 

El Estado ya no tiene posibilidades de ser arbitrario en el gasto ni de hacerlo de modo discrecional pues ya no puede solicitar financiacion crediticia extraordinaria para la financiacion de ninguna obra destacada. Para que se concedan nuevas vias financieras que superen los presupuestos aprovados debe acudir al parlamento y explicarse. Debería de responder demasiadas preguntas: que, como , cuando, cuanto y porque. A parte que hay que mostrar solvencia y explicar como se espera saldar las deudas y el déficit que se va acumulando. Pinta mal para Zapatero y para Blanco si esa es la única via.

El tope de gasto aprobado por los diputados de este país son 160000 millones de euros y todo ello está ya comprometido en el mejor de los casos, o ya se ha gastado en el peor, pues se han aplicado a partidas sociales por culpa de la caida del empleo. El único camino que le queda al gobierno es pedir un aumento de ese techo inversor al parlamento que sea realista y atienda a la situación económica del pais, esa situación que niegan o disimulan pero que conocen perfectamente. 

Por eso a uno se le queda cara de tonto cuando escucha que la inversión publica dará cumplida respuesta a la caída de la economía. Eso es pura propaganda que para que sea realidad y atienda a un masivo plan inversor necesita pasar su propia via parlamentaria a fin de que se genere una nueva estructura económica a nivel presupustaria que lo permita. 

A todo esto, me pregunto si la oposición del PP tiene idea de lo que estoy hablando.

Fracaso histórico

A razón del artículo de ayer, “España es budista”, recibí comentarios y algún correo electrónico muy interesantes. Entre ellos destaca uno de un viejo amigo que trabaja en un Think Tank muy conocida. Juan, que así quiere llamarse y con quien coincidí en el consejo de administración de una empresa de ámbito nacional hace años, me insta a analizar la sombra económica que se cierne sobre nosotros y me reta a que busque en el origen de todo algún otro motivo más allá del meramente financiero o de corruptelas. Lo intentaré.
Este país está huérfano de política industrial. Su falta debe achacarse a una tradición nacional que tiene sus orígenes en los Pactos de la Moncloa, donde, durante el primer gobierno de UCD se obvió intencionadamente una respuesta política en materia industrial que pudiera actualizar y modernizar el sector, y que respondían exclusivamente a una voluntad de hacer políticas encaminadas a poner freno a una inflación que desequilibraba el sistema financiero español. Años después la reconversión industrial, imprescindible para sacar de la crisis a todo el sector, no supuso más que una simple reestructuración en lugar de un cambio sustancial y un ajuste a planes industriales que pudieran dejar de ser obsoletos. No se fomentó la investigación ni la innovación suficientemente. Los planes alternativos de modernización fueron anécdotas en el territorio de los despropósitos. Los sindicatos tampoco ayudaban porque su preocupación era la de mantener, a cualquier precio, la dignidad imprescindible de los trabajadores. Entre unos y otros nuestra política industrial navegaba a la deriva y no ha dejado de hacerlo desde entonces.

Con el barniz europeo que nuestra industria obtuvo al entrar en la CEE, el modelo competitivo se benefició de nuestros bajos costos y las ventas aumentaron significativamente. Esa bonanza extraordinaria que certificaban muchas industrias españolas no tuvo ningún incentivo gubernamental para reinvertir sus beneficios en innovación, especialmente tecnológica. Durante los años de gobierno socialista la política industrial fue nula. El gobierno popular posterior no mejoró la situación. La empeoró. Primero convirtió un ministerio en un departamento que años después desapareció para transformarse en un reluciente Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su objetivo era dirigir las políticas tecnológicas, científicas y de eficiencia en sus puntos de interrelación con el mundo industrial. A los catalanes Birulés y Piqué la aureola que les rodeaba de grandes economistas animaba a pensar que venían buenos tiempos. Fracasaron estrepitosamente. La primera se volvió a sus labores y el segundo vive el vértigo contradictorio de ser, aparentemente, catalanista y, a la vez, líder popular en Catalunya.

Los sectores industriales exigieron a Zapatero, cuando llegó al poder, la creación del Ministerio de Industria. En el programa del Psoe figuraba esa posibilidad. Se materializó de la mano del actual Presidente de la Generalitat, Jose Montilla. Este, falto de experiencia en ámbitos de la alta política y de la gestión industrial globalizada e internacional, se encontró con quistes del pasado, problemas sin resolver en materia energética, en temas de telecomunicaciones y para aspectos de la Sociedad del Conocimiento detenidos en el tiempo. No supo solucionar ninguno de ellos. No fue capaz. Su sustituto ha sido un anestesista llamado Clos y que fue alcalde de Barcelona. En el corto espacio de tiempo que lleva presidiendo dicho Ministerio aun no ha pasado nada remarcable.

Lo peor es que el sector industrial necesita un empuje firme que lo interrelaciones con el resto de sectores de vanguardia y que generalice la voluntad de superar un vacío financiero inminente a causa de la ralentización o aterrizaje forzoso del sector de la construcción y del inmobiliario. La inversión en Industria aun no es rentable y eso no permite que los directores financieros determinen que sus empresas trasvasen sus fondos a estos sectores. La dinámica de las energéticas no responde más que a intereses futuros de control y poder. Los mercados globales en los que nuestra industria debe competir precisan de políticas decididas y de orientación e impulso concreto por parte de los gestores públicos. Miedo me da.