Tutorial sobre el Plan de Recuperación del Gobierno de España.

El Gobierno de España ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para superar la crisis económica y social generada por el shock de oferta y demanda que vivimos hace unos meses y que se ha ido trasladando en el tiempo a todos los sectores productivos. Recordemos que el pasado mes de julio, los países de la UE fueron capaces, con una guerra interesante, de acordar un Plan de Recuperación para Europa. La idea era comprometer los objetivos estratégicos europeos a medio plazo.

Entre los acuerdos estuvo la creación de Next Generation EU. Un programa que pondrá, entre 2021 y 2023, 750.000 millones de euros al servicio de la recuperación y transformación de la economía europea. Su objetivo es apoyar a los Estados y sus reformas, incentivar las inversiones privadas para dinamizar la economía y reforzar los sistemas nacionales de salud. A España le tocaron 140.000 millones. Una pasta. La idea, según lo presentado ayer por el gobierno español, es dar prioridad en el uso de estos recursos a acuerdos internacionales, como la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y programas europeos, como el Pacto Verde Europeo que se traducirán en volcar un 37% de esos recursos a la transición ecológica, un 33% a la transición digital y el resto a cohesionar la sociedad y el territorio y a la igualdad de género. 

¿Como te quedas? Pues en realidad estos ejes ya estaban en los programas como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o la agenda España Digital 2025 que ya se habían presentado y que vivían en la mayor ineficiencia pública conocida. El plan no es más que el resultado de un ‘mix’ de planes ya existentes que buscaban modernizar nuestra economía pero que no lo ha logrado todavía. Una de las explicaciones bien podría estar en la incapacidad para gestionar fondos europeos. La prueba más evidente de esto es que España solo ha ejecutado el 39% de los fondos estructurales, por lo que, cuando estamos a punto de empezar a recibir todo ese dinero que tiene que engrasar el ‘Plan’, aparecen muchas dudas de si vamos a ser capaces de utilizarlos correctamente o con garantías. 

De las promesas de creación de empleo y de crecimiento del PIB gracias a estos planes y estos recursos, si acaso no digo nada. Felipe González ya prometió en 1982 la creación de 800.000 puestos de trabajo. Años después lo que había creado eran 800.000 parados más. El mismo expresidente dijo una década más tarde: ‘he aprendido que el empleo no se prometen desde un gobierno pues el empleo lo crean empleadores y empresas’. Pues eso. Y no seré yo quien niegue que, una fuente tan importante de recursos orientados a la modernización del modelo de crecimiento de este país, es algo positivo y que, obviamente, se convierte en una oportunidad única. El problema no radica en las intenciones, el asunto está en la capacidad y en la dimensión exacta de esas transferencias y créditos que vendrán de Europa. Hablamos de un monto que, bien analizado, igual no es suficiente.  

Podría no ser suficiente dadas las elevadas previsiones de deuda y déficit (11,3% del PIB en 2020 y del 7,7% en 2021). Veremos como se conjuga la obligación de colocar deuda a niveles inéditos cuando Europa deje de comprarla como si fuera un pozo sin fondo. Eso no durará siempre. Por eso, lo que se haga o no se haga en los próximos tres años repercutirán en los próximos treinta. Y es que hay algunos escollos que se van a presentar y que requerirán de que este gobierno, y los que vengan, se dejen de modelos de comunicación y espectáculos diversos y se centren en la capacidad de gestión. La deuda bruta de las Administraciones Públicas, es decir, los pasivos en circulación a 30 de junio sumaban 1.886.011 millones de euros, el 161% de nuestro PIB que se estima en 1.171.748 millones de euros para este año. De momento lo que sabemos es que este gobierno es buenísimo endeudándose. En seis meses han crecido en 125.000 millones. Si añadimos la deuda de empresas públicas, 38.282 millones, el monto total de la deuda bruta asciende a 1.924.293 millones: 164% del PIB. El remate. El déficit público cosechado hasta 30 de junio se eleva a 61.589 millones de euros, cuando el año 2019 se saldó con un déficit 35.195 millones. Pinta complicado.

Y entonces, ¿va a servir este plan? ¿va a ser capaz de generar un nuevo modelo de crecimiento? ¿es factible crear empleo en sectores verdes y digitales sin afectar al resto del cuerpo laboral? Es posible que sí, pero alguien debería decir que la transición no es neutra. Rediseñar todo un modelo productivo no se hace en tres años ni se puede plantear sin una acción real sobre la educación y la formación. Por eso observo ausencias importantes en este plan que se presentó con tanta modernidad. Hablo de cómo se soporta unas cifras de paro absolutamente brutales que se irán evidenciando cuando los ERTE se conviertan en estructurales. Hablo de la nula referencia a la sostenibilidad de las pensiones. Hablo de cómo se piensa flexibilizar el mercado laboral para que sea atractivo contratar. Hablo de cómo piensan reducir el coste fiscal para las empresas que necesitarán capacidad de inversión y no de pagos impositivos. Hablo de que no aparece nada en ese plan que se refiera a la necesidad de aumentar la dimensión de las empresas  que ahora son demasiado pequeñas para ser eficientes y con excesivas barreras para incorporarse a la corriente de la digitalización, la internacionalización o la innovación. Hablo de cómo se piensa adoptar una reforma en profundidad para modernizar el sistema fiscal. 

También hablo de que no veo ni una referencia a la economía del dato, del estímulo de la inteligencia artificial, de la dinamización de la investigación tecnológica, de la atracción de empresas innovadoras y tecnológicas de otros países con un plan fiscal que les haga atractivo venir. Y hablo de que el desembolso de las transferencias del fondo de recuperación a España, dependerá de que cumplamos con las reformas y criterios de inversión establecidos y que se refieren en gran medida a ejecutar algunas políticas muy distintas a las que defiende el gobierno actual. Veremos cómo se conjuga esto. 

Recordemos, también, que si obviamos las reformas estructurales y fiscales necesarias, las inversiones provenientes del fondo de recuperación no podrán obtener el máximo rendimiento, lo que establecería una mayor desigualdad económica entre el norte y el sur de Europa. Nosotros más deuda y dependencia de Europa y mayor justificación para los ‘frugales’ para no autorizar más transferencias. España no se había recuperado de la crisis de 2008, no hizo los deberes y no parecía importarle hasta marzo pasado que nos explotó todo esto frente a nuestras narices. Por eso, Europa, no tiene tan claro que seamos capaces de implementar todas las condiciones que se nos va a exigir. Por eso incorporaron mecanismos de ‘veto’ a las transferencias y ayudas. Una vez se envíen los proyectos para utilizar esos fondos, se tendrán que autorizar por todos. Ya verás como eso no va a ser tan sencillo, ya verás.

Articular políticas para ayudar a que las empresas inviertan más en innovación de manera más sostenida en el tiempo con resultados positivos es más difícil que crear kilómetros de AVE infrautilizados o aeropuertos que sólo sirven para filmar anuncios publicitarios en sus pistas de aterrizaje. No critico al actual gobierno, eso lo han hecho todos. De un color u otro. La mala previsión estratégica no tiene color. La conveniencia de no hacer reformas cuando todo parece ir bien, no tiene ideología. La clase política no suele arriesgar, no suele ser atrevida y vienen tiempos en los que tocará arriesgar y conquistar el futuro en lugar de esperarlo. De ahí que sería fundamental tomar decisiones duras pero imprescindibles. Es obligatorio saber ya cuantos ERTEs son paro, cuantas empresas sujetas a un ICO son empresas zombies y, cuantos modelos productivos y de crecimiento son factibles ahora mismo de abrazar esa tecnología verde y azul. Si no se hace, partimos de un punto inicial incorrecto, falso y abocado al error.