OTRA VEZ HEMOS PICADO

Hace tiempo escribí lo que para mí se ocultaba tras el nombramiento de la ministra Sinde. Consideraba que ese nombramiento respondía a la voluntad de focalizar en alguien todas las críticas en las redes sociales y en la blogosfera sociológica. Ese es uno de los territorios más temidos por el aparato socialista y en aquel momento se buscaba minimizar el cese de Solbes por el significado que tenía. Para cumplimentar ese requisito se nombró al enemigo público número uno de los internautas, a una inútil integral, a la peor ministra que se pudiera nombrar en cultura. El riesgo político era mínimo pues ese es un ministerio sin competencias puesto que la mayoría están transferidas. El beneficio muy alto puesto que esa polémica garantizó la esquinización del debate político en la red. 

Ahora se ha repetido el esquema a escala. El consejo de ministros presenta una ley inservible, le da bombo y platillo, y cuando detecto que la red empieza a posicionarse firmemente en contra, se procede a "filtrar" la disposición segunda y prendo la mecha al incendio electrónico sobre los derechos de autor. Además, por si fuera poco evidente, los aristócratas de la propiedad intelectual se manifiestan el día antes para caldear los ánimos. De lo que hablo no es una teoría, por desgracia tengo conocimiento que en parte es cierto lo que digo. Recordad que en este blog se han anticipado nombramientos de ministros días antes que lo hiciera la prensa o se han aportado los datos de ocupación con horas de antelación a que lo publicase el ministerio de turno. Uno tiene sus contactos y sus fuentes y en este caso también aunque haya sido a posteriori, Independientemente que coincido con el fondo de la protesta y estoy alineado con los que la lideran, me queda ese sabor amargo de ver que, como nos pasó hace unos meses, hemos vuelto a morder el anzuelo. 

ME SUMO

Aunque difiero en que se le conceda valor de "ley de economía sostenible esconde un perverso mecanismo de anulación de las libertades de la sociedad civil en España. 

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial un organismo dependiente del ministerio de Cultura, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.