Una economía congelada por decreto precisa una congelación de impuestos

Que ha llegado una catástrofe económica sin modelo comparativo anterior parece evidente. Que las medidas que los distintos gobiernos están adoptando para amortiguarlo son diferentes en cada caso, también. Las estrategias que se pongan en marcha ante este monstruoso escenario determinarán el modo en el que cada uno salga del agujero y en cuánto tiempo lo hará. Unos han optado por utilizar el extintor de la deuda sobre cada foco que prende y otros han decidido estructurar soluciones más amplias. 

Dinamarca, por ejemplo, ha alcanzado un acuerdo con sindicatos y patronales para mitigar el problema laboral y que el mayor número de empresas permanezcan vivas cuando todo esto amaine. Para ello, en lugar de garantizar que cualquier expediente de regulación temporal de empleo se conviertan en definitivos, han decretado con carácter retroactivo que el Estado cubra el 75% del sueldo de los trabajadores de aquellas empresas privadas que, por culpa del coronavirus, planeen recortar su plantilla si se comprometen a no despedir a nadie por motivos económicos. En la medida hay letra pequeña en cuanto al número de empleados, tope salarial e, incluso, de cubrir el 90% en aquellos trabajadores que ejerzan su empleo por horas.

Dinamarca defiende con esta medida, a diferencia de los ERTEs rápidos que se han definido en España, es que las empresas reciben la ayuda directa, las nóminas están aseguradas y el empleo futuro también. Con ello buscan mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, minimizar el coste relativo para las empresas y, una potencial activación del consumo posterior al no haber riesgo de pérdida de empleo. Según los daneses, los ERTEs no garantizan la recolocación tras la crisis. 

Es cierto, y cabe destacar, que Dinamarca tiene una deuda pública que ronda el 34% y España el 97% por lo que algunas medidas sólo son factibles desde el ámbito público con cuentas saneadas. El problema es que las cuentas deben sanearse durante el proceso de salida de la crisis pues, a medio plazo, se debe financiar igualmente y, sin trabajadores cotizando y trabajando, va a ser mucho más difícil. 

Otra diferencia notable es la que tiene que ver con autónomos y microempresas. En Dinamarca, si registran una caída de los ingresos del 30% o más, directamente podrán recibir una compensación del 75% de estas pérdidas en base a unos criterios de topes y máximos justificables. En España son más de 3 millones los autónomos que ayer, puntualmente, facturando cero euros vieron como se les ha cobrado su cuota mensual. Abandono y cero empatía con uno de los colectivos en el que se sujetó la anterior salida de la crisis. Aunque poner como ejemplo sólo a Dinamarca no es suficiente. Francia pondrá 300.000 millones de euros a disposición de sus negocios para garantizar que reciban créditos y evitar su cierre y asumirá el pago de los créditos bancarios de las empresas. Y es que Francia, a diferencia de España, ha entendido lo que supone dejar a la intemperie a los autónomos. De ahí que han decretado la suspensión generalizada de todos los pagos de impuestos y cotizaciones sociales, las facturas de agua, luz y gas, así como los alquileres.  Además, contemplan que los autónomos puedan disponer de un ‘fondo de solidaridad’ financiado con recursos públicos para los que caigan en el intento. 

Aún hay más. El Gobierno de Reino Unido ha decidido extender a los autónomos la protección del 80% de salario, con la aprobación de un esquema de protección pensado especialmente para trabajadores por cuenta propia. Para el cálculo de la cuantía que le corresponde a cada autónomo, el Gobierno empleará la media mensual de sus ingresos durante los últimos tres años. La protección salarial se extenderá durante tres meses a partir de junio, pero el ministro británico aseguró que se extenderá en caso de que sea necesario. Lo mejor, es que, además, los autónomos que reciban esta ayuda podrán seguir desempeñando su actividad con normalidad. La idea es que quieren cubrir la misma cantidad de ingresos a los autónomos que la que están cubriendo a los trabajadores por cuenta ajena. Brutal. Es posible.

Pero volvamos. España tiene un plan de reconstrucción, Dinamarca de reactivación. La semántica importa. El ministerio de economía escandinavo asegura que ‘la experiencia demuestra que, en cualquier crisis, si se mantiene el contrato entre empresa y trabajador, es más fácil volver a la normalidad cuando los problemas desaparecen’. Desvincular esa relación, aunque sea temporalmente, suele dejar un solar vacío. Ya lo hemos vivido. La idea es que las empresas mantengan su fuerza de trabajo intacta con este vínculo. A esto se le llama ‘contador cero’ en el ámbito laboral, asumiendo que no se factura por imposición. Digamos que, aunque realmente se ha parado la economía, el efecto no sea el de pararla sino el de ‘hacer pause’.

No se puede decretar la congelación de la economía y no congelar también el sistema tributario. Vivimos un proceso destructivo inédito con soluciones que se desconocen o comparables. Por eso, aunque Dinamarca tome medidas distintas, también sufrirán. El asunto es saber a que velocidad y con que costes saldremos nosotros u otros. 

Es importante recordar que España era un país que ya no creaba empleo, que parte en esta crisis con 3,2 millones de parados, con una pendiente revolución tecnológica que no llegó a tiempo y con una dependencia de sectores cíclicos vinculados a que todo ‘vaya bien’. No podemos comparar nuestro país con Dinamarca, cierto, pero si podemos inspirarnos en algunos aspectos si se demuestra que uno de nuestros mayores problemas, el empleo, se puede salvaguardar. 

Tengamos en cuenta que el gobierno español dice que va movilizar el 20% del PIB para luchar contra la crisis del coronavirus. Es exigible, obligatorio, que esa ingente cantidad de dinero, venga de donde venga o se garantice como se garantice, no se derroche en parches, en medidas relativas o tácticas. Debemos pedir que se establezcan de un modo que permita mantener el empleo y modernizar nuestro modelo de crecimiento o será imposible retornar esa deuda jamás. Y el futuro no sólo depende de que ahora se haga algo, sino que lo que se haga sea eficiente y modernice nuestra estructura industrial y económica. 

A todo esto suponiendo que los 200.000 millones, ese 20% del PIB, realmente lleguen a donde deben llegar. El presidente Sánchez habló el 17 de marzo de ‘movilizar la mayor cantidad de dinero jamás hecha para luchar contra el coronavirus’. Y tengo mis dudas de que eso sea el efecto final. No es un dinero que se vaya a pedir prestado al BCE con un interés privilegiado y un plazo de pago asumible. Un dinero que no irá directamente a pagar los salarios de la gente que ya sabemos están perdiendo y perderán su trabajo, para garantizar que las empresas no quiebren, para exonerar impuestos, pagar hipotecas, alquileres, ayudar a autónomos, dotar al sistema sanitario de medios y aguantar el batacazo provocado por paralizarlo todo. 

Pero así no ha sido. En realidad solo ponen 17.000 millones. El resto son avales y créditos al sector privado. Es decir, el gobierno no pondrá el dinero, solo te avalará en el caso que un banco decida darte un crédito que, obviamente, deberá analizar si estás en condiciones de pagar. Tela. Si la empresa no quiebra y paga el crédito, el gobierno no pone un céntimo. Es realmente retorcido. Brillante a quien se le haya ocurrido por otro lado.

Y se entiende no obstante. Como en 2008, España volverá a negarse a un rescate. La lógica nos dice que en el próximo año los Gobiernos emitirán la mayor cantidad de deuda pública de la historia y aquellos países muy endeudados y con escasa credibilidad fiscal como es el nuestro tendrán problemas para financiarse. Eso lo sabe muy bien la ministra Calviño, buena conocedora del sistema europeo, por lo que se ha presionado en cuidar la liquidez. El ‘cash’ será el rey y un aval de 100.000 millones no consume liquidez y te permite quedar muy bien. 

Y si hay algo que realmente podría ayudar a las empresas, grandes, pequeñas, autónomos e individuos particulares, es aligerar el peso tributario. No aplazar, exonerar. El gobierno no tiene la culpa de la crisis, cierto, pero si puede tener la responsabilidad de gestionarla con el culo. Tampoco tienen culpa las empresas y autónomos, y menos las personas asalariadas. No se les puede pedir que sin poder facturar ‘por ley’ se les pida cumplir con los pagos ‘de la ley’. Se debe exonerar en el tiempo esas obligaciones tributarias o se ahogarán. El 90% de las empresas de este país es una micro-empresa que viven con un colchón financiero muy reducido. Si ese colchón es para pagar impuestos la regla de tres da un cero absoluto, en empleo sobretodo. 

Ese 20% del PIB debe servir para retener el valor de la empresa actual, salvaguardarlo todo, con un paréntesis tributario, no un aplazamiento, un pause absoluto y una espera que garantiza ese dinero para reactivar el proceso productivo. Pero a cambio, de momento, España será el único país de su entorno que no tocará los impuestos ante la crisis del coronavirus. Se resisten a hacerlo. Solo han establecido un pequeño aplazamiento para casos muy concretos y por eso hacienda no perdonará ni un euro a los contribuyentes sea cual sea su situación. Solo establecen un aplazamiento automático de deudas tributarias. Un grano de arena en un desierto inmenso.

No sólo Dinamarca, otros países como Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Portugal, Finlandia, Noruega, Grecia, Luxemburgo, Rumania, Eslovaquia, Lituania, China, Rusia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia o Costa Rica han optado ya por diferir los plazos para presentar autoliquidaciones tributarias por impuestos sobre la renta o por IVA y han introducido incentivos fiscales relevantes para otorgar liquidez a las empresas. Aquí, la ayuda fiscal solo está presente en algunas exoneraciones menores por parte de ayuntamientos en la medida que pueden y son competentes.

Lo que decimos es que se active un ‘estímulo tributario’. Se trata de reconocer que este momento no tienen nada que ver con nada visto hasta la fecha. De que parar la economía obligatoriamente no se puede trasladar a las empresas pues no tienen margen de acción y algo hay que hacer para que no se derrumben. Que en la política fiscal es donde hay una herramienta muy poderosa cuando ya has aceptado que vas a endeudarte como nunca antes.

En resumen, la salida de la crisis en una hipotética ‘V’, ‘U’ o ‘raíz cuadrada’ difícilmente se podría haber producido, pero mucho menos con estas medidas. A lo que vamos es a una ‘L’ larga. El turismo, el entretenimiento, la industria o los componentes precisarán mucho tiempo para recuperarse, el empleo no se activará de manera automática y las pymes y los autónomos caerán como moscas al no poder incorporarse al flujo económico ahogados por deudas y créditos gracias a las moratorias y flexibilizaciones. El único flotador que les ofrece el gobierno. Cuando llegue el momento de pagar ese salvavidas no habrá nada con lo que hacerlo.

Estamos en caída libre. El PIB caerá, aquí, casi un 10%. Insalvable sin medidas más globales y dejando todo a la inercia de los parches que se están anunciando tras cada consejo de ministros. Una calamidad. El desplome va a ser de tal magnitud en inversión, consumo, exportaciones e importaciones que ni el gasto público lo va a poder activar. A esto le sumas que, detrás de medidas cosméticas, no hay una defensa real del empleo. Se trata de paquetes temporales, nada es estructural o que permita soporta el empleo desde las empresas. 

Y si el paro llega al 35% cuando se sumen los ERTEs convertidos en EREs, los vencimientos de contratos temporales y los despidos inevitables a medio plazo. Se calcula que cerca de un millón de empresas van a cerrar si no se actúa directamente en ellas. No se trata de liquidez por crédito, se trata de exonerar obligaciones y poner la economía bajo un paréntesis  que ha sido, por otro lado, obligado por la crisis sanitaria. Si nos piden congelar nuestras empresas, deben congelar las obligaciones tributarias. Sin ese matiz, todo lo que se está haciendo va a ser un bucle negativo.